UDC pide al Consejo de Participación Ciudadana investigar caso Chauvín

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana solicitó al Consejo de Participación Ciudadana una profunda investigación sobre el caso Chauvín  y sus vínculos con el gobierno. A continuación la carta:

SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

 Dr. Diego Ordóñez en representación del colectivo político Unión Demócrata Cristiana, acudo ante ustedes con la siguiente exposición y petición: 

ANTECEDENTES:

1. A partir del apresamiento del ciudadano Juan Ignacio Chauvín, quien ejerció importantes y delicadas funciones en el Ministerio de Seguridad Interna y Externa, se tiene conocimiento que por sus convicciones ideológicas ha mantenido relaciones muy próximas con altos dirigentes de la agrupación terrorista FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC), que ha mantenido siete reuniones con uno de ellos, el conocido como Raúl Reyes, quien fue abatido por el gobierno colombiano en el campamento de Angostura ubicado en territorio ecuatoriano; y que de las mismas habría sido informado el Presidente de la República, según aparece de sus declaraciones publicadas en la página 2 del diario EL UNIVERSO, edición del viernes 6 de febrero de 2009, que dicen: “ Y ante la pregunta de que si de ese encuentro supo el Presidente, Chauvín aseguró que sí…” Sobre estos encuentros se ha dicho que tenían el propósito de acordar un canje humanitario de rehenes. En marzo de 2008, posteriormente al bombardeo del campamento guerrillero, el presidente colombiano Álvaro Uribe, negó que se hubiere autorizado realizar ese tipo de gestiones.

2. Las investigaciones periodísticas realizadas por casi todos los medios de comunicación, en especial escrita, han concluido que de esas declaraciones se puede concluir que hay nexos de algunos funcionarios con las FARC, y lo más grave, que han tenido participación en los órganos vinculados a la seguridad interna y externa del Ecuador y de sus ciudadanos. Como ejemplo vale referirse al titular del diario HOY publicado en la página 7 de la edición del viernes 6 de febrero de 2009, que dice: “APARECEN TRES NEXOS CON LAS FARC”.  Lo que se complementa con el titular e información de primera página de la edición del sábado 7 de febrero de 2009 publicada por el diario EL UNIVERSO, que dice; “EN LA FRONTERA NORTE, CHAUVIN LIDERABA UNA CARNETIZACIÓN GENERAL”, refiriéndose al arbitrario procedimiento realizado por la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) de la que han sido parte el ciudadano Chauvín, el ciudadano Gustavo Larrea, quien ejerció el cargo de Ministro de Seguridad Interna y Externa, de repartir indiscriminadamente alrededor de 5000 carnés de identificación, a ciudadanos que bien pudieran tener vínculos con actos de violencia. La referida nota periodística añade que “Un informe de Inteligencia de las Fuerzas Armadas señala que José Ignacio Chauvín y otro delegado de ALDHU tenían contactos con la guerrilla y el narcotráfico”.
  
3. En la reunión del Grupo de Río, realizada en Santo Domingo República Dominicana, el presidente colombiano Álvaro Uribe acusó al presidente ecuatoriano y a su gobierno de haber recibido financiamiento de las FARC para la campaña electoral y de tener vínculos con la narco-guerrilla. El presidente Correa contestó tal acusación, ofreciendo la conformación de una comisión independiente, incluso conformada por personas de grupos de la oposición política, para desvirtuar lo que afirmó era una infamia. Aquella comisión nunca se integró y menos se realizó esa investigación; que es de interés nacional, visto el grave perjuicio de imagen internacional del Ecuador, provocado por las acusaciones del Presidente colombiano.

4. Es inadmisible que el gobierno ecuatoriano haya integrado dentro del Ministerio de Seguridad Interna y Externa personas que por sus convicciones son favorables a las actividades que realizan grupos armados en la frontera norte, que afectan la seguridad regional y sin duda la de  los ciudadanos en todo el territorio nacional.  Estas persona han tenido acceso a información reservada; o al diseño de políticas y su ejecución que se deben orientar a combatir esas acciones.  Conocidas las afinidades de Chauvín con la causa de las FARC y sus vínculos fraternos con Raúl Reyes, las que debieron ser conocidas por el exministro Larrea, dado el largo tiempo de proximidad –desde 1998 dicen los medios de comunicación- cómo se explica que sea precisamente este funcionario –Chauvín- quien recibió la comisión de Larrea para supervisar el campamento de Angostura y a intervenir en todas las investigaciones y acciones de inteligencia sobre ese hecho.

SUSTENTOS LEGALES DE LA PETICION

Concurro ante este alto Consejo, ejerciendo los derechos que están señalados en la Constitución Política del Ecuador, en específico:

a) El que consta en los numerales 2 y 5 del Art. 61 que confiere a los ciudadanos el derecho de participar en los asuntos públicos y fiscalizar los actos del poder público;

b) El que consta en el numeral 23 del Art. 63 que confiere derecho de petición y queja  establece los derechos de libertad;

c)  El que consta en el Art. 91 que establece el derecho de acceso a la información pública cuando esta no es completa o fidedigna;

d) El que consta en el Art. 204 que establece que el pueblo –es decir los ciudadanos individualmente u organizados- es el primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho de participación, el que se vuelve eficiente a través de la promoción e impulso que le corresponde como tarea fundamental al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, según dispone el Art. 207, en concordancia con el numeral 2 del Art. 208 que señala que el Consejo,  “establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público..” 

PETICION

En cumplimiento de los fines y obligaciones que le corresponde cumplir y realizar y que están señalados en los artículos 207 hasta 210 de la Constitución Política del Ecuador, comedidamente solicito que el CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, proceda a realizar una profunda investigación de todos estos hechos; la que está orientada a establecer el cumplimiento por parte del Presidente de la República, de  velar por la seguridad pública, según lo señala el numeral 17 del Art. 147.

LOS CIUDADANOS ECUATORIANOS TENEMOS DERECHO DE CONOCER DE FORMA FIDEDIGNA LA INFORMACIÓN QUE CONCIERNE AL MANEJO QUE EL GOBIERNO REALIZA DE LAS AREAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA. Al efecto debe disponerse que se hagan públicos los informes de los organismos de inteligencia del Estado; se recabe testimonios del exministro Gustavo Larrea y del mismo Presidente de la República, para que EN BUSQUEDA DE LA VERDAD Y PROCURA DE TRANSPARENCIA -QUE EN EL CASO ES LA MEJOR FORMA DE DEFENDER LA ESTABILIDAD INSTITUCIONAL - y a fin de que los ciudadanos tengamos conocimiento cabal que permita dilucidar por lo menos las siguientes dudas que no han sido evacuadas por ningún funcionario gubernamental y que es evidente no tienen intención de hacerlo:

1. Si de las reuniones de Chauvín y de Larrea con Reyes estuvo informado el Presidente de la República; y en qué lugar se realizaron y qué temas fueron abordados.  Para esto además se deberá requerir el record migratorio de las mencionadas personas como demostración que la reuniones fueron en un tercer país –como afirmó el exministro Larrea- o las autorizaciones o registros de salidas de aeronaves;

2. Que funcionario autorizó el arribo de un avión nicaragüense que permitió la salida de la ciudadana mexicana de apellido Moret, quien fue encontrada en el campamento de Angostura, y que fue calificada de  “terrorista” por la Fiscalía;

3. Hasta que nivel ha incidido, en sentido contrario al interés de velar por la seguridad pública, la participación en entidades gubernamentales de personas afines ideológicamente a las FARC.

Atino, señores Consejeros a establecer estas como mínimas, de una serie de interrogantes que no deben quedar sin respuesta, pues el Estado Ecuatoriano ha sido estigmatizado por las mismas.

Finalmente, comedidamente solicito se establezca día y hora a fin que sea recibido en COMISION GENERAL ante el seno del Consejo y poder ampliar los argumentos aquí resumidos.

Esta es, en mi opinión, una gran prueba para este alto Consejo, que ha sido institucionalizado como mecanismo de participación, de control social y fiscalización de los ciudadanos a los actos de gobierno; en condiciones que otros órganos del poder público de forma que los debe avergonzar han renunciado, por sumisión, a ejercer control político al Gobierno.

Aspiro a que se proceda en consecuencia, sin dilación y sobre todo sin permitir que se apele al secreto y reserva de información –documentos y testimonios- que deben ser abierta en el propósito de la transparencia.